La propuesta de reforma de la PAC 2028-2034 ha desatado polémica en el campo europeo. Organizaciones agrarias denuncian recortes y riesgos para explotaciones, mientras la Comisión Europea defiende un presupuesto flexible, moderno y adaptado a cada país, prometiendo mayor equidad, sostenibilidad y capacidad de reacción ante crisis.
La propuesta de reforma de la Política Agraria Común para el periodo 2028-2034 ha caído como un jarro de agua fría sobre el campo europeo. Apenas presentada por la Comisión, las principales organizaciones agrarias y cooperativas se apresuraron a lanzar una voz de alarma: el texto, lejos de apuntalar un modelo productivo sostenible y competitivo, amenaza con debilitar aún más a un sector que atraviesa una de sus crisis más complejas en décadas.
El malestar parte, sobre todo, de una cuestión presupuestaria. Tanto COAG como Cooperativas Agro-alimentarias han denunciado que la futura PAC nace con menos recursos, entre un 20 y un 25 % menos de fondos que el marco actual. Un tijeretazo que, según sus cálculos, se traduciría en una pérdida especialmente dura para las explotaciones familiares y medianas, aquellas que sustentan buena parte del tejido rural y que concentran la mayor parte de los agricultores a título principal.
Según las organizaciones, los recortes podrían rondar el 25-30 % en pagos directos, poniendo en riesgo la viabilidad económica de miles de explotaciones.
A la merma financiera se suma otra crítica de calado: la PAC dejaría de ser realmente “común”. La desaparición de los fondos propios de la política agraria (FEAGA y FEADER), diluidos en un presupuesto europeo multisectorial, abre la puerta, según denuncian las organizaciones, a una renacionalización de la ayuda, en la que cada Estado miembro diseñaría su propio sobre. Esto, advierten, podría generar desigualdades profundas entre agricultores europeos y romper el principio de unidad que ha caracterizado a la PAC desde sus orígenes.
El malestar no acaba ahí. El sector de frutas y hortalizas teme perder la estabilidad que les ofrecían los fondos operativos vinculados a su producción, ahora supeditados a la voluntad de los gobiernos nacionales. Las comunidades autónomas tampoco han tardado en reaccionar: La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, intervino en el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesquera para reclamar al ministro Luis Planas que se alinee con las regiones que rechazan de plano la propuesta y defienda esa posición en Bruselas. Morán denunció que el proyecto de la Comisión contempla un recorte “muy alto” y que, además, supedita buena parte del presupuesto a las decisiones de cada Estado miembro, lo que a su juicio vacía de contenido la idea de una política verdaderamente común. En sus palabras, no es tiempo de debates técnicos, sino de un rechazo frontal a una reforma que “no asegura la rentabilidad de las explotaciones” y que pone en riesgo el modelo de dos pilares, al que calificó como “un éxito en el desarrollo rural”.
La respuesta de Bruselas: flexibilidad en lugar de recortes
La Comisión Europea ha salido al paso de las críticas lanzadas por organizaciones agrarias y gobiernos regionales, especialmente en torno al supuesto “tijeretazo” a la PAC. Bruselas lo niega rotundamente: no hay tal recorte, aseguran, sino un cambio de estructura en la financiación que busca dotar al presupuesto de mayor flexibilidad, capacidad de reacción y adaptación a realidades nacionales muy diferentes.
“Comparar manzanas con peras lleva a equívocos”, señalan desde la Comisión, que recuerda que el cálculo que se ha difundido públicamente solo tiene en cuenta la parte fija de las ayudas, pero no contempla otros bloques de fondos a los que los Estados miembros podrán acceder. El marco financiero de la Unión Europea para 2028-2034 contempla un presupuesto global de 865.000 millones de euros para planes de inversión y reforma (Planes Nacionales y Regionales, PNR), de los cuales 302.000 millones se reservarán como apoyo mínimo a la renta de agricultores y pescadores, incluyendo una reserva de crisis duplicada. Dentro del fondo del PNR, se establece un mínimo de 293.700 millones para la ayuda a la renta de la PAC, complementado con 237.000 millones adicionales de carácter no reservado, que los Estados podrán orientar según sus prioridades. Existen además sinergias con otras políticas, como la financiación de regiones menos desarrolladas, con 217.798 millones previstos en ese apartado. Estas regiones son aquellas cuyo PIB comunitario es inferior al 75 % de la media. En España, en 2021, esto afectaba a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla.
Otras dotaciones relevantes incluyen el Fondo Europeo de Competitividad, con 451.000 millones, y el programa Horizonte Europa, con 175.000 millones destinados a investigación e innovación.
En la práctica, desde Europa defienden que el volumen de recursos disponibles para el campo europeo será mayor que en el periodo actual y, además, estará actualizado a la inflación, algo que no ocurre en la actualidad.
En total, el marco presupuestario para 2028-2034 prevé 865.000 millones de euros para planes nacionales y regionales de inversión y reforma
Bruselas insiste en que no se trata de una renacionalización, como sostienen las organizaciones, sino de un modelo que refuerza la subsidiariedad: cada gobierno fijará prioridades en función de sus necesidades, muy distintas entre una agricultura española de regadío, la producción de cereales en Polonia o la ganadería irlandesa, pero siempre dentro de un marco común de objetivos, indicadores y controles aprobado por la Comisión. En definitiva, los Estados tendrán más margen para decidir cómo gastar, pero las reglas del juego seguirán siendo europeas.
Otro de los ejes centrales de la propuesta es la simplificación administrativa. Según la Comisión, demasiados agricultores desconocen qué fondos europeos pueden solicitar porque el sistema es complejo y fragmentado. La nueva arquitectura financiera, aseguran, pretende racionalizar y armonizar programas, de modo que el acceso a la financiación resulte más sencillo y transparente.
En cuanto al diseño de las ayudas, la nueva PAC se presenta como más justa y focalizada. Se prioriza a quienes ejercen actividad agrícola real y contribuyen a la seguridad alimentaria. Se introduce degresividad obligatoria a partir de 20.000 euros por agricultor, con un capping máximo de 100.000 euros. Se refuerza el apoyo a jóvenes, mujeres, pequeños agricultores, explotaciones mixtas y zonas con limitaciones naturales. La ayuda media por hectárea se sitúa entre 130 y 240 euros por Estado miembro, mientras que la ayuda a la renta asociada pasará del 13 (+2) % actual al 20 (+5) % de los pagos directos, con un complemento opcional del 5 % para determinados sectores. Los pequeños agricultores recibirán cantidades a tanto alzado de hasta 3.000 euros.
El capítulo ambiental también incorpora cambios sustanciales: se pasa de un sistema de condicionalidades estrictas a uno basado en incentivos, con más libertad para que los Estados definan cómo premiar prácticas sostenibles y servicios ecosistémicos. Según la Comisión, el 43 % de los planes nacionales deberá destinarse a clima y medio ambiente, lo que mantendría el compromiso verde.
Se refuerzan las herramientas de gestión de crisis, triplicando la actual reserva de 300 a 900 millones de euros anuales
Por último, se refuerzan las herramientas de gestión de crisis, triplicando la actual reserva de 300 a 900 millones de euros anuales y creando un mecanismo adicional que podría movilizar hasta 6.300 millones en caso de perturbaciones graves de mercado o catástrofes naturales.
La CE defiende que este conjunto de medidas hará de la PAC un instrumento más moderno, sólido y adaptado a los desafíos actuales: desde la competencia global hasta la innovación tecnológica, pasando por el relevo generacional y la sostenibilidad ambiental. Y, sobre todo, insiste en que el debate no debe quedarse en la cifra de un recorte inexistente, sino en la oportunidad de diseñar una política más justa, ágil y resiliente para el campo europeo.
Un Comentario
Pues mire, yo como agricultor de 55 años aquí en Extremadura, no me termina de cuadrar lo que cuenta Bruselas. hablan de simplificación, de ayudas más justas, de apoyar a jóvenes… todo eso está bien, pero llevamos años oyendo lo mismo y nada.