La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que los productos con sellos de calidad diferenciada DOP e IGP tengan un papel prioritario en el proyecto de Real Decreto que regulará los comedores colectivos. La propuesta se ha presentado en el marco del trámite de audiencia pública del borrador normativo, abierto desde el pasado 18 de diciembre.
La norma pretende fijar criterios para promover una alimentación saludable y sostenible en comedores de titularidad pública y en centros privados destinados a personas dependientes o con necesidades especiales, utilizando la compra pública como herramienta para avanzar hacia sistemas alimentarios más responsables.
Origen España plantea que el texto incorpore una puntuación adicional o una cuota mínima de reserva para los productos amparados por figuras de calidad diferenciada. Su presidente, Ángel Pacheco, subraya que estos alimentos “garantizan calidad, sostenibilidad y trazabilidad, además de estar ligados a un territorio y a una tradición que merece ser preservada”.
España cuenta con 393 indicaciones geográficas registradas, 225 de ellas agroalimentarias, lo que la sitúa como el tercer país de la UE en número de sellos, aunque su presencia en comedores escolares, hospitales o residencias es aún limitada. La asociación apunta a la falta de incentivos normativos, frente a modelos como el francés, con la ley EGalim, o la creciente incorporación de estos productos en contratos públicos italianos.
Entre los argumentos trasladados al Ministerio destacan el papel de las IIGG en el desarrollo rural, la reducción del impacto ambiental y su coherencia con los criterios de proximidad y canales cortos que recoge el propio borrador. Además, Origen España defiende la calidad nutricional de estos alimentos y pide un tratamiento más preciso del concepto de “ultraprocesado”, al considerar que muchos productos DOP e IGP mantienen altos valores nutricionales pese a su transformación.
La entidad también apela a la coherencia con la estrategia europea, que trabaja en un Plan de Acción para priorizar las IIGG en la compra pública, y al valor educativo de los comedores para difundir el patrimonio gastronómico español.
