El Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado un decreto-ley que incluye cambios normativos destinados a reforzar la protección del entorno y la prevención de incendios en Extremadura.
Según explicó la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, una de las principales novedades afecta a la Ley de Protección Ambiental, que se adaptará para integrar el mundo rural en los procesos de protección, al entender que conservación y desarrollo “no deben estar reñidos”.
En paralelo, se modificará la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, con el fin de facilitar a los municipios la adaptación de sus planes urbanísticos en zonas periurbanas y acometer así actuaciones de prevención.
La Ley Agraria también se verá actualizada: las infraestructuras productivas preventivas contra incendios pasarán a considerarse terreno forestal, lo que permitirá plantar especies agrícolas en montes públicos y diseñar mosaicos de paisaje para frenar la propagación del fuego. Además, se simplificarán los permisos para labores forestales.
El decreto establece igualmente la obligatoriedad de planes de prevención de incendios para las instalaciones fotovoltaicas, que deberán ser validados por la Dirección General de Gestión Forestal.
Finalmente, la Junta solicitará al Gobierno central la modificación de la Ley de Montes, para que se elimine la prohibición de cambio de uso forestal durante los 30 años posteriores a un incendio cuando este tenga causas naturales.
