Las organizaciones agrarias extremeñas alertan de la grave situación que atraviesa el campo tras los últimos temporales y cuestionan el alcance de las ayudas aprobadas por el Gobierno central. UPA-UCE Extremadura estima en 200 millones de euros las pérdidas acumuladas hasta ahora por agricultores y ganaderos de la región.
UPA-UCE Extremadura cifra en 200 millones de euros las pérdidas registradas hasta el momento por agricultores y ganaderos, una cantidad que, advierte, aumentará cuando se pueda acceder a todas las explotaciones afectadas. La organización valora la rapidez con la que el Ejecutivo ha aprobado el decreto de ayudas por las lluvias, pero reclama que los apoyos lleguen a todos los profesionales damnificados y no dejen zonas fuera.
Su secretario general, Óscar Llanos, ha pedido además que se declare zona catastrófica y que se activen tanto el fondo de crisis europeo como medidas adicionales por parte de la Junta de Extremadura, en línea con lo anunciado en Andalucía.
Según UPA-UCE, los daños afectan a cultivos de secano y regadío, infraestructuras agrarias, naves y cerramientos. En ganadería, denuncian dificultades de acceso a las explotaciones para alimentar al ganado, casos de mortalidad en terneros asociados a infecciones favorecidas por la humedad y problemas en explotaciones de ovino en plena paridera. También las colmenas han sufrido importantes pérdidas por inundaciones. La organización pide un seguimiento exhaustivo para que no queden fuera productores sin seguro, como ocurre en sectores como el tomate.
Por su parte, Apag Extremadura Asaja denuncia que el 87 % de los municipios extremeños queda excluido del Plan de Ayudas Extraordinarias. De los 388 municipios de la región, solo 53 están incluidos en el Real Decreto, dejando fuera a 335 localidades.
Su presidente, Juan Metidieri, considera “injusto” el reparto y cuestiona los criterios utilizados. La organización señala que comarcas como Campiña Sur, zonas productoras de aceituna tardía en La Serena, La Siberia o Monterrubio, y explotaciones afectadas por desembalses en la cuenca del Guadiana quedarían sin apoyo.
Apag y Asaja Cáceres piden la retirada del decreto y la elaboración de un nuevo texto que incluya a todos los municipios con daños acreditados. Ambas organizaciones advierten de que la situación es crítica y no descartan nuevas acciones si no se amplían las ayudas.
