La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha mostrado su malestar tras conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) destina el dinero recaudado por sanciones a su propio presupuesto.
La organización había solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, información pública sobre el importe total obtenido en concepto de infracciones desde 1987, año en que se declaró la sobreexplotación del Acuífero 23.
En su respuesta, la CHG, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señala que solo dispone de datos desde 2003. Desde entonces, las sanciones suman 46,3 millones de euros. Ese año, la recaudación fue de 146.575 euros, mientras que en 2025 supera los dos millones. Los ejercicios con mayor importe fueron 2006 y 2011, ambos con más de cuatro millones, además de 2009 (3,1 millones), 2013 (2,8 millones) y 2024 (2,7 millones de euros).
AIVE denuncia un “claro afán recaudatorio” en la gestión de las sanciones sobre el Acuífero 23 y lamenta la falta de transparencia de la Confederación, que admite no poder distinguir los importes según el tipo de infracción. Además, la respuesta oficial confirma que 42,5 millones de euros se han incorporado directamente al presupuesto de la CHG, mientras que algo más de tres millones fueron ingresados en el Tesoro Público.
Ante esta situación, la asociación valora emprender acciones legales por un posible uso indebido de los recursos. Asimismo, AIVE anuncia que solicitará información adicional sobre el destino de otros recursos, como los vinculados a la Tubería Manchega, el Plan de Humedales o el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
