Organizaciones del sector agrícola han advertido que la propuesta de la Comisión Europea para dar luz verde al acuerdo comercial con Mercosur, que incorpora algunas salvaguardias para proteger al campo comunitario, resulta “insuficiente”. A su juicio, el texto aún supone una “amenaza” tanto para la sostenibilidad como para la competencia en condiciones justas.
En un comunicado, que cuenta con el respaldo de asociaciones que representan a sectores estratégicos como el avícola, el azucarero, los productores de maíz y de remolacha azucarera, así como la principal organización que agrupa a agricultores y cooperativas en toda la Unión Europea, estas organizaciones explican que más allá de las nuevas disposiciones, las preocupaciones de fondo siguen intactas, especialmente en lo que respecta a las diferencias en los estándares de producción y a los retos de sostenibilidad, que constituyen el núcleo del problema aún sin resolver en este acuerdo. Aunque la Comisión insista en que ha “escuchado a los agricultores”, los hechos muestran que la agricultura europea continúa siendo utilizada como moneda de cambio en las negociaciones comerciales, afirman.
Según explican, el mismo patrón observado recientemente en el acuerdo con Estados Unidos amenaza con repetirse en las conversaciones en curso con otros países terceros, lo que podría generar efectos acumulativos insoportables para sectores agrícolas sensibles que ya se encuentran bajo presión.
Además, este impulso para ratificar el pacto llega en un momento de gran incertidumbre para la política agrícola europea. Todavía están pendientes decisiones clave sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y el Marco Financiero Plurianual (MFP), y, sin embargo, la Comisión ya promete una supuesta “red de seguridad” para el acuerdo con Mercosur, una garantía que, según las organizaciones, carece de credibilidad y solo añade más confusión al debate.
Las organizaciones expresan también una profunda preocupación por el proceso de ratificación planteado por la Comisión, basado en un enfoque de “acuerdo dividido”. Aunque el comercio es competencia exclusiva de la Unión Europea, evitar el escrutinio de los parlamentos nacionales en un pacto de tanta sensibilidad política y económica socava la legitimidad democrática y se percibe como una maniobra impuesta. Dada la amplitud del mandato de negociación inicial y las repercusiones que este acuerdo tendría sobre la agricultura europea, consideran imprescindible la consulta a las cámaras nacionales.
